En pocos temas existe hoy un consenso tan amplio como en la necesidad de proteger a niños, niñas y adolescentes de los riesgos de las redes sociales. Australia, Francia, España, Reino Unido, Indonesia y otros países han impulsado leyes para restringir el acceso de menores de edad, convencidos de que estas plataformas dejaron de ser simples espacios de interacción y pasaron a convertirse en entornos diseñados para captar y retener la atención de sus usuarios.
El diagnóstico tiene sustento. Diversos estudios relacionan el uso intensivo de redes sociales con trastornos del sueño, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental en adolescentes. Pero el debate ya no gira únicamente en torno al contenido que consumen, sino al diseño de plataformas cuyos algoritmos priorizan maximizar el tiempo de permanencia por sobre el bienestar de quienes las utilizan.
En este escenario, parece razonable exigir mayores responsabilidades a las empresas tecnológicas. Pretender que las familias enfrenten por sí solos sistemas desarrollados por compañías que invierten miles de millones de dólares en perfeccionar mecanismos de captación resulta, simplemente, irreal.
Sin embargo, la prohibición total también plantea desafíos. La experiencia internacional demuestra que muchos menores logran eludir las restricciones utilizando cuentas de terceros u otros mecanismos. Además, verificar la edad implica tratar datos personales sensibles, generando nuevas interrogantes sobre privacidad, seguridad y fiscalización.
Chile ya forma parte de este debate. El proyecto de ley Entornos Digitales Seguros, impulsado por el Ejecutivo, propone restringir el acceso a redes sociales para menores de 16 años y obliga a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios, considerando incluso herramientas como ClaveÚnica. Paralelamente, otras iniciativas parlamentarias buscan ampliar estas restricciones a sitios de apuestas, pornografía, videojuegos de alta violencia y limitar funciones diseñadas para aumentar el tiempo de uso, como la reproducción automática de contenidos o las notificaciones permanentes.
Las propuestas chilenas reflejan la misma tensión observada en otros países: proteger efectivamente a la infancia sin construir regulaciones difíciles de implementar ni mecanismos de control que terminen afectando la privacidad o los derechos de las personas. La discusión tampoco debería reducirse a definir una edad mínima de acceso. El desafío es avanzar hacia un modelo que combine regulación, educación digital, corresponsabilidad familiar y plataformas diseñadas con criterios de seguridad para los menores.
Proteger a la infancia en el entorno digital ya no admite postergaciones. La verdadera discusión no es si debemos regular, sino cómo hacerlo de manera efectiva, equilibrada y sostenible.
Francisco Javier Parada Barriga
Jefe Unidad de Tecnologías de la Información Campus Los Ángeles, Universidad de Concepción.
